Estimados compañeros, tengo el placer de comunicaros que mi ultimo artículo titulado : “Francisco de la Calle Almansa, segundo abad de Olivares”, ha sido publicado en la revista que edita la Catedral de Santiago de Compostela: Annuarium Sancti Iacobi, Nº 4, 2015. Me gustaría que lo comunicaseis al resto de compañeros de ASCIL. Os envío la portada de la mencionada revista. Debido a la extensión del artículo, pp149-162, os remito a mi blog, titulado: lospapelesviejosdejuan, donde lo podrán leer íntegro. Artículo: http://lospapelesviejosdejuan.blogspot.com.es/2016/08/francisco-de-la-calle-almansa-segundo.html
Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla
A cuenta del lugar preeminente que deseaban ostentar en la procesión, las filiales de Pilas y Villamanrique mantuvieron un enconado pleito en los tribunales eclesiásticos de Sevilla, superada ya la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la romería comenzó a experimentar cierto apogeo. En 1766, la de Pilas acudió al Arzobispado para obtener la aprobación de sus Reglas, conforme a los dictámenes establecidos por la autoridad religiosa. El expediente, que se conserva en la sección de Justicia del archivo diocesano precisa que el pileño, Juan Muñoz de Suarte, fue quien realizó la tramitación burocrática, en representación de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosío, que se hallaba establecida en la parroquia de Santa María la mayor de la localidad sevillana.
Pilas aspiraba a ocupar el primer puesto de las filiales porque Villamanrique no cumplía con los requisitos canónicos exigidos, pues sus Reglas no estaban ratificadas por el ordinario eclesiástico sevillano. Denunciaron los pileños que la de Villamanrique no se hallaba constituida dentro de la diócesis e infringía las normas de forma flagrante. «Es cosa sabida –expresa el litigio– que la dicha villa de Villamanrique es sujeta en lo eclesiástico al Priorato de León». Desde el surgimiento de la población, en el siglo XVI, perteneció a la orden militar de San Marcos de León, cuyo obispo-prior era de la orden de Santiago, con sede en Llerena (Badajoz), hasta que en julio de 1873 quedó disuelta.
Aquella irregularidad se solapó muchos años gracias al favor de la hermandad de Almonte, cuyos dirigentes consintieron la participación pese a estar incardinada en otra jurisdicción. El proceso incluye la réplica de Villamanrique, que alegó ser la primera que recibía las andas de la Virgen, al salir, después de la de Almonte, además de ser la última en devolvérselas a los almonteños, antes de entrar.
Pero el 7 de marzo de 1766, el gobernador eclesiástico don José de Aguilar y Cueto, que tanto luchó porque las hermandades legalizaran sus reglamentos, envió una petición a la hermandad de Almonte, en nombre de la cofradía de Pilas, anunciándole que la reestableciesen al mismo lugar que poseía en la procesión de Pentecostés, porque «se han hecho autos sobre aprobación de la Regla, que por no haberse descubierto la antigua firmaron para régimen y gobierno, la que por mí ha sido aprobada». Sin embargo, Pilas temía que Almonte continuase favoreciendo a la otra filial litigante e incumpliese esta orden. Puntualiza la demanda que la de Almonte, «unida con la congregación de la de Villamanrique, quiere darle a esta preferencia en la iglesia y procesión que se ha de celebrar en dicho día, por motivos particulares que tienen entre sí».
La referencia más antigua que poseíamos relativa al orden nominal de las filiales, nos lo había proporcionado la Regla Directiva de la ilustre hermandad de Almonte, fechadas el 7 de agosto de 1758. El capítulo sexto, que trata sobre las hermandades de otros pueblos, enumera «las de Villamanrique, Pilas, La Palma y Rota, y en las ciudades de Moguer, Sanlúcar de Barrameda y el Gran Puerto de Santa María, cuyas siete Hermandades concurran anualmente, con la de esta villa [de Almonte] el día de la Fiesta». Y añade curiosamente: «que la que faltare, con su asistencia un año, y no hisiere constar con justificación a las demás, el justo motivo que se lo impida, haya de perder su antigüedad, y se ponga después de la última, y más moderna Hermandad».
En las primeras décadas del siglo XVIII, tuvo que faltar alguna a la procesión sin justificación convincente, viéndose obligada la almonteña a establecer un acuerdo entre todas, recalca el auto, «por el que pierde la antigüedad la hermandad que faltare dos años. Firmado en la Ermita de Ntra. Sra. de las Rocinas, el 4 de junio de 1724», con las firmas de Sanlúcar de Barrameda, Villamanrique, Pilas, La Palma y Moguer.
El contencioso revela que la más antigua de todas era la de Sanlúcar de Barrameda y que esta perdió su sitio, entre 1724 y 1758, a causa de algún inconveniente importante que desconocemos. Tras faltar más de dos años, la sanluqueña quedó relegada al final de todas, razón por la que figura posicionada en el sexto lugar, en las Reglas de 1758, antes del Puerto de Santa María, que igualmente pudo no haber asistido algún tiempo.
En el procedimiento se recrea parte del programa festivo que se seguía en la procesión de Pentecostés, fuera de la liturgia. La Señora salía de la ermita de manos de capellán, y este entregaba el paso a la hermandad matriz para, a su vez, cedérselo a la filial primera. Por orden de antigüedad iba cada una cumpliendo con el relevo «disparando primero los fuegos, recibiendo en sus hombros la Virgen Santísima antes y bailando danzas». Al regreso, la más antigua le cedía el paso a la de Almonte, cuyos cofrades introducían la imagen dentro de la iglesia con la danza de rigor.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
La batalla de Clavijo, una de las más célebres batallas de la Reconquista, se habría producido en el denominado Campo de la Matanza, en las cercanías de Clavijo, La Rioja (España), fechada el 23 de mayo del año 844. Sus características míticas (la intervención milagrosa del apóstol Santiago), su condición de justificación del Voto de Santiago, y la revisión que desde el siglo XVIII supuso la crítica historiográfica de Juan Francisco Masdeu; la han hecho ser considerada en la actualidad más bien una batalla legendaria, cuya inclusión en las crónicas se debería al arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, y que incluiría, mezclándolos y mixtificándolos, datos de otras batallas de diferentes momentos y localizaciones, aunque es en grandes rasgos, la mitificación de la batalla de Albelda. No obstante, la batalla siguió siendo celebrada como un elemento de conformación de la historia nacional española. También es la referencia histórica que Enrique IV y posteriormente el resto de Jefes de Estado han empleado para la creación y confirmación de privilegios al Antiguo e Ilustre Solar de Tejada, único señorío que se ha mantenido desde entonces hasta la actualidad.
La batalla tendría su origen en la negativa de Ramiro I de Asturias a seguir pagando tributos a los emires árabes, con especial incidencia en el tributo de las cien Doncellas. Por ello las tropas cristianas, capitaneadas por Ramiro I, irían en busca de los musulmanes, con Abderramán II al mando, pero al llegar a Nájera y Albelda se verían rodeados por un numeroso ejército árabe formado por tropas de la península y por levas provenientes de la zona que correspondería actualmente con Marruecos, teniendo los cristianos que refugiarse en el castillo de Clavijo en Monte Laturce. Las crónicas cuentan que Ramiro I tuvo un sueño en el que aparecía el Apóstol Santiago, asegurando su presencia en la batalla, seguida de la victoria. De acuerdo con aquella leyenda, al día siguiente los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del Apóstol montado en un corcel blanco, vencieron a sus oponentes.
Tradicionalmente, en este día, las organizaciones relacionadas con el Apóstol Santiago, ofrecían un ‘voto’ dentro de una misa oficiada a tal efecto, y la Archicofradía Universal del Apostol Santiago aun mantiene esta festividad entre sus cultos.
El día 25 de mayo en la ciudad de Calahorra el rey dictaría el voto de Santiago, comprometiendo a todos los cristianos de la Península a peregrinar a Santiago de Compostela portando ofrendas como agradecimiento al Apóstol por su intervención.
Con este suceso, el apóstol se convirtió en símbolo del combate contra el islam, siendo reconocido desde entonces como Santiago Matamoros.
El motivo de la creación de esta tradición habría sido animar a la población a luchar contra los musulmanes, para poder contrarrestar el espíritu de guerra santa con la que luchaban estos y que les conseguía el Paraíso.
La primera crónica que cita esta legendaria aparición fue narrada (hacia 1243) por Rodrigo Jiménez de Rada, obispo de Osma y arzobispo de Toledo. Buen Camino.
De cómo la ciudad siguió dirigiendo el comercio de Indias
Hoy hace 300 años que el rey Felipe V ordenó, mediante el real decreto de 12 de mayo de 1717, el traslado de la Casa de la Contratación y el Consulado de Comercio desde Sevilla a Cádiz, después de que hubiesen permanecido en el propio Alcázar y Casa de Lonja –hoy sede del Archivo de Indias–, durante varios siglos. Queremos aprovechar la oportunidad de esta efeméride, desgraciadamente conmemorada en Cádiz por algunos entes como el tricentenario de la victoria sobre una ciudad rival, para aclarar cómo la mudanza de la Casa de la Contratación y el Consulado, no se correspondió con una transferencia completa del control comercial de Sevilla, ni la pérdida absoluta de la posición privilegiada que ocupaba en la estructura general del comercio occidental y todo el tráfico mundial.
Después de la conquista de Gibraltar por la misma flota de soldados ingleses que atacó Cádiz en 1702, el gobierno estaba obligado a resguardar la bahía por la vulnerabilidad que representaba dejarla desprotegida para el conjunto de nuestro país. Con este propósito estatal de convertirla en un auténtico centro militar, al monarca español no le quedaba más remedio que reunir todo el cuerpo de la Armada en un solo mando con base en Cádiz, bajo la autoridad de un intendente general de marina. A esta razón de carácter estratégico hay que sumar la idoneidad que reunía, como puerto de salida y llegada de embarcaciones de gran tonelaje, tras haber ejercido como antepuerto de Sevilla desde décadas antes. Fue preciso, por tanto, establecer allí las oficinas de la Casa de la Contratación y el Consulado de los comerciantes. Una medida que interrumpió el régimen de monopolio que Sevilla había conservado tanto tiempo en los negocios coloniales de la Carrera de Indias, y que le sirvió a Cádiz para terminar de arrebatarle la cabecera en los asuntos de ultramar.
Sin embargo, el cambio de la sede del Consulado no supuso para Sevilla una pérdida completa, pues la corona continuó tolerando el sistema de elección de los oficiales que habían de dirigir el organismo. Además, el decreto de 1717 mantenía a Sevilla como lugar de celebración de las elecciones de los cónsules del Consulado, pese a los intentos gaditanos por hacerse con la organización de ellas. De los treinta electores, veinte correspondían a Sevilla y tan solo diez, a Cádiz. Los cargos presidenciales que habían de elegirse, denominados prior y primer cónsul, tenían forzosamente que ser sevillanos. El segundo, gaditano. Sobre esta importante ventaja sevillana de control institucional se ocupó doña Antonia Heredia Herrera, en su brillante trabajo de investigación Sevilla y los hombres de comercio.
Por tanto, el aparato administrativo permaneció en Cádiz, sí, pero el control comercial no lo dejó escapar Sevilla, aunque la flota arribase y partiese de allí. Ya ocurría así desde los años finales del siglo XVI, cuando las embarcaciones de gran porte no salían de la Torre del Oro, cargadas. En nuestro libro Una nao de oro para Consolación de Utrera, Salvador Hernández, y este que suscribe, documentamos cómo se cumplimentaba el trámite administrativo aquí, en la Casa de la Contratación, y las naves partían de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María o Cádiz. La tripulación, con los expedicionarios y el cargamento viajaba por una ruta terrestre, alternativa al río, similar a la que recorrían los soldados por la vereda de la Armada. La principal conclusión del profesor de la universidad de Texas, Allan James Kuethe, es que «el gremio mercantil había quedado en manos sevillanas», según el estudio que realizó sobre la traslación del Consulado, publicado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, en el que se propone aportar nuevas perspectivas relacionadas con este asunto de las relaciones entre Sevilla y Cádiz, y de cuyo tema ya vaticinó el sabio historiador francés Pierre Chaunu, ser el más complicado del entramado de la Carrera de Indias.
Protesta de Sevilla
Los comerciantes sevillanos atribuyeron la marcha del Consulado a causas relacionadas con el soborno corrupto de algunos comerciantes establecidos en Cádiz. En aquel momento, el máximo representante del Consulado era un sevillano, el Marqués de Tous, terrateniente cosechero de vinos y aceite, así como Alguacil mayor del consistorio hispalense, que luchó por volver a traerse la sede de ambas entidades junto a la Giralda. El ayuntamiento de Sevilla ejerció una gran influencia y presentó al gobierno estudios técnicos sobre la navegabilidad del Guadalquivir, como las prácticas verificadas por el almirante López Pintado que fue enviado a Madrid en 1720. Finalmente, todas estas reclamaciones produjeron resultados. Entre los meses de octubre y diciembre del año 1722, se celebraron unas juntas en la casa madrileña del ministro Mirabal, natural de Jerez de la Frontera, que miraba con simpatías la causa sevillana, con el objeto de reconsiderar los errores del traslado a Cádiz.
El 21 de septiembre de 1725, se publicaba un real decreto que establecía el retorno del Consulado y la Casa de la Contratación a Sevilla, suprimía la Aduana de Cádiz y restituía a nuestra ciudad la Tabla de Indias. En una conferencia pronunciada, en Madrid, por Vicente Romero sobre toda esta polémica expresó que «el edificio de la Aduana de Cádiz era arrendado, y muy pequeño, sin que tuviese posibilidad de almacenar ni recoger géneros», lo que suponía a ojos de los sevillanos un gran fraude a Hacienda. En Sevilla se celebró la noticia con regocijo y, durante tres noches seguidas, se encendieron luminarias en la Casa de Lonja, sufragada con los caudales del propio Consulado. El gasto se dispuso desde Sevilla y el dinero tuvo que enviarse vía Cádiz. En el Archivo General de Indias, hemos comprobado mediante los Libros de Consulados, cómo los acuerdos adoptados por la mayoría de los diputados de Sevilla tenían luego que cumplirse en el litoral. Pero la vuelta a Sevilla del Consulado y la Casa la suspendió el gobierno y no llegó a materializarse. Durante la espera, Cádiz respondió a los dictámenes con un memorial elaborado por Francisco Manuel de Herrera, continuando el debate entre ambas ciudades hasta bien adentrado 1726, año en el que volvieron a establecer las dos un nuevo compromiso. Era tanta la fuerza de Sevilla que, a partir de 1729, consiguió que se prohibiese la participación en las transacciones, de comerciantes extranjeros y hasta de sus hijos, como bien explican los profesores Antonio García-Baquero y nuestro admirado Antonio Miguel Bernal.
El conflicto se prolongó durante un cuarto de siglo, y ello ha de atribuirse, en palabras del historiador Luis Navarro, «a la enorme presión que el Consulado y Ayuntamiento sevillanos eran capaces de ejercer sobre los poderes centrales de la Monarquía». Con este análisis, queremos desmitificar el escaso poder de control y reducido mercado que algunos estudiosos le adjudican a aquella Sevilla, de la primera mitad del siglo XVIII, cuya competencia comercial con Cádiz perduró encendida hasta después del año 1744. Solo basta admirar edificios imponentes construidos entonces, como el de la fábrica de tabacos, de la que curiosamente dependía su homónima gaditana, para entender que, tras 1717, no se desintegró tan pronto Sevilla.
ABC de Sevilla, Viernes 12 de mayo de 2017, pág. 26.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
Cómo Sevilla fue gestando la más universal de sus celebraciones festivas
En el año 1847, el ayuntamiento de Sevilla consiguió de la reina Isabel II la precisa autorización administrativa para poder celebrar, todos los años, una feria de ganados los días 18, 19 y 20 de abril. El expediente de solicitud remitido a Madrid, cuya copia hemos podido consultar en el Archivo municipal, basa la petición en necesidades de estimulación económica y reactivación del sector agropecuario, aunque llama especialmente la atención sobre la fijación de una fecha muy determinada: en el ecuador del mes de abril. El momento del año más idóneo, en el que había un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, atraídos por los célebres desfiles procesionales de Semana Santa y la bondad climática de estas latitudes. Se trataba de aprovechar la estancia de individuos foráneos con cierto poder adquisitivo, que luego propagarían también las excelencias de nuestra tierra fuera de aquí. Este era uno de los principales propósitos de la comisión de festejos, que dirigían los concejales don José María Ibarra y Narciso Bonaplata, adinerados integrantes de la burguesía local que fueron los grandes artífices de su establecimiento.
Pero este evento ganadero y mercantil nació con un marcado carácter civil y una clara vocación lúdica, completamente desligado de la tradición religiosa. Para ello, el ayuntamiento estimuló a los feriantes habituales de ferias ya existentes, como la de Mairena del Alcor o Carmona, e incluso a los de otras de la región, a que participasen en esta de nueva creación, mediante la publicación de una especie de normas de buen gobierno, editadas por el alcalde de entonces, don Alejandro Aguado Ramos de Lara, conde de Montelirios. El articulado municipal legisló la primera distribución espacial de los puestos, en función de la tipología y géneros que expendiesen.
El curioso recibo manuscrito que ilustra este artículo, conservado en el Archivo municipal, detalla los gastos que ocasionó entoldar aquel año inicial la actual calle de San Fernando, entonces conocida como «Nueva de la fábrica (tabacalera)», en cuya acera derecha habrían de situarse los vendedores de ropas, quincallas y mercería, para la mayor comodidad de los concurrentes y feriantes. El principal regidor, mandó que se cubriese de toldos la explanada exterior de la Puerta de San Fernando, que sirvió como portada hasta que fue derribada en 1868. Este mismo documento contable recoge los gastos del toldo deslizado delante de una dependencia de la fábrica de tabacos, junto a la esquina del prado, donde se ubicó el juzgado encargado de solventar los desencuentros comerciales, así como el de la vela prendida en las murallas del Alcázar, en un sector de la huerta del Retiro que son ahora terrenos de los jardines de Murillo, cuyo espacio se destinó a puestos de juguetes de hojalata, guitarras, palillos y abanicos.
Recinto ferial
Desde el centro urbano, se llegaba a través de la calle San Fernando al prado San Sebastián, extenso territorio de propiedad municipal señalado por el consistorio como real de la feria. Entiéndase por real el perímetro acotado, de carácter público, destinado a acoger toda la infraestructura logística del festejo, sobre cuya tierra posee derecho el Estado a percibir diversos tributos fiscales. De todos modos, en el caso que nos ocupa los munícipes sevillanos consiguieron obtener la práctica exención de la mayor parte de los impuestos reales, gracias al apoyo de la institución monárquica.
Todo aquel gran predio quedaba ocupado por el ganado, en su más amplia variedad: cerdos, ovejas, carneros, bueyes, vacas, toros y caballos. Según indican los documentos, fue necesario construir un gran pilón de agua frente a la Puerta de San Fernando y se amplió otro que había en la calle Ancha, del barrio de San Bernardo. Hasta allí llegaban los límites del espacio dedicado al ganado. Los ganaderos se resguardaban mayormente en sombrajos que levantaban para la ocasión en medio de la explanada. Abundaban las estampas de los vaqueros, montados a caballo, con garrocha en mano para acosar vacas y toros, hasta reunirlos ante los compradores que los demandaban. El ambiente rural y campesino de los cortijos que invadía la ciudad los días de la feria, logró imponer unas formas festivas que impactaron enormemente entre el pueblo y llegaron a cosechar un éxito popular sin precedentes.
Los puestos de avellanas, frutas, turrones, alfajores y productos de este mismo género se pusieron primitivamente a continuación de la Huerta del Retiro, cerca de los muros antiguos que hoy delimitan los Jardines de Murillo, y hasta la Puerta de la Carne. A la vuelta de pocos años, el número de puestos se había multiplicado de modo desorbitado con la particularidad de que la mayoría estaban dedicados a la venta de comida y vino. Un detallado listado del año 1860, contabilizaba ya un montante de 237 puestos feriales entre tiendas, mesillas y chozas disponibles para la venta. El Ayuntamiento trató de uniformar los tenderetes destinados a albergar a los gitanos y gitanas que vendían buñuelos, así como a quienes servían comidas y despachaban vino y aguardiente. Todo este grupo de expendedores debía alinearse desde el puente del antiguo arroyo del Tagarete hacia la Enramadilla, que era donde terminaba el campo de la feria.
Casetas pioneras
Desde el año fundacional, se instalaron las de la Diputación provincial y el Ayuntamiento, para cuya decoración interior se repararon los marcos dorados de varios cuadros, más el de una Purísima. Ambos entes públicos compartían ciertas responsabilidades organizativas en la fiesta. Si bien el cuerpo municipal era el auténtico anfitrión, el provincial medió ante el gobierno español. Sin los informes favorables de la Diputación, no se hubiese obtenido el real privilegio. Las dos instituciones ubicaron sus respectivas casetas en la esquina del edificio de la fábrica de tabacos con el prado de San Sebastián, valiéndose de unos amplios bastidores y tejidos, a modo de tiendas de campaña. Junto a ellas, se puso una especie de carpa que acogió un café, en el que podían tomarse también refrescos y licores, fabricada con telones y lienzos pintados del teatro Principal, según relata el cronista don Félix González de León en su dietario de 1847.
En 1853, pusieron la suya propia los duques de Montpensier en todo el medio del real. Adoptaron la costumbre de celebrar rifas benéficas de un buen número de alhajas, donadas por familias distinguidas y la propia infanta doña Luisa Fernanda. Las recaudaciones se destinaban al asilo de mendicidad de San Fernando, el mismo centro asistencial al que la secretaría municipal entregaba todo el dinero que percibía por cada tienda de campaña del real. Adquirieron tanto protagonismo las rifas que, con el tiempo, se formó hasta una calle dedicada casi exclusivamente al negocio de los sorteos.
Por pinturas románticas, grabados, añejas fotografías y distintas descripciones literarias sabemos que el antecedente de las casetas de feria, cuyo actual diseño le debe tanto al pintor Gustavo Bacarisas, se fundamenta en unas tiendas formadas con lienzos de tejidos semejantes a la que montaba la hermandad del Rocío de Triana en la aldea almonteña, a inicios del siglo XIX, los días de la romería. Las primitivas estaban confeccionadas a base de telas vistosas, rematadas de pabellones blancos y adornadas con cintas, ramos, banderas y gallardetes de variados colores. Podemos decir que la impronta estética de las de hoy, han recibido una gran herencia de aquellos recintos efímeros, entoldados, cubiertos a dos aguas, en los que el ritual festivo popular ha terminado venciendo, con el tiempo, a la escenificación social de la élite aristocrática y burguesa.
El ayuntamiento tuvo que efectuar unas importantes obras de mejoras en el recinto ferial, a finales de 1857, sólo diez años después de la fundación. El expediente administrativo recoge el carácter urgente que requería la remodelación de la caseta municipal. Convenía otorgarle una mayor amplitud, con el fin de poder atender bien a las personalidades de la realeza, y que estas pudiesen ser recibidas «con el decoro correspondiente a su alta dignidad». En aquel proyecto de remodelaciones, se consideró oportuno confeccionar otra tienda de campaña, nueva, para el juzgado que pasó a situarse en el real después de haber permanecido varios años dentro de la tabacalera.
La lista más antigua de los señores con tiendas, data de 1863. En ella figura la del Real Círculo de Labradores, citándose ya, entre las preferenciales, la del Casino del Duque, el Mercantil y la de un tal Míster Price, que poseía una «barraca de elefantes». Dentro de estas lujosas tiendas se servían, al mediodía, unos almuerzos espléndidos, de gustos demasiado refinados, y por la noche se organizaban bailes de alta sociedad, a los que acudían los socios con sus invitados, ataviados de rigurosa etiqueta, frac negro y corbata blanca, acompañados de damas acicaladas con trajes de colas largas, hombros desnudos, tules, blondas y pedrerías.
Por la tarde, cuando la actividad agropecuaria quedaba desplazada por la diversión que se ofrecía en los tenderetes, el pueblo asistía atónito a las vueltas marciales que daban los estirados aristócratas, y simuladores de estos, al son de las piezas de ópera que tocaba la banda de música, desde el entarimado que estaba delante de la caseta municipal. Era el momento de los que querían presumir de elegancia y buen tono.
El exquisito repertorio contrastaba con los cantes y bailes populares que la gente llana se marcaba en cualquier otra parte, fuera de tan suntuosas tiendas. La multitud no entendía por qué los señoritos no tomaban vino ni cantaban a la vista del público. La motivación inicial de la élite, que acudía a la feria para reconocerse y aparentar, era la de guardar mucho las apariencias y no evidenciar demasiado las licencias lógicas de estas jornadas festivas. Estas pintorescas observaciones las recogió el escritor sevillano Gustavo Adolfo Bécquer, en un artículo hermosísimo que publicó en El Museo Universal, el 25 de abril de 1869.
Carácter anticlerical
No es que en el pensamiento de los concejales liberales del momento radicase la idea de forjar una fiesta contra la iglesia. Pero sí sin ella. Dentro de aquel contexto político de mediados del siglo XIX, la formalización de la feria hispalense se revela como una clara manifestación anticlerical. No se explica de otro modo que el segundo año, en 1848, las autoridades civiles mantuviesen como días feriales el Lunes, Martes y Miércoles Santo e interpusieran una celebración folclórica al recogimiento que exigían los preceptos litúrgicos de Semana Santa. La Iglesia de Sevilla se vio relegada así, por vez primera, de la organización de un evento festivo de la ciudad. Pero el malestar de los canónigos llegaba mucho más allá. Estaban enfurecidos con las medidas anticlericales del gobierno liberal de la reina Isabel II, que promovía ya procesos desamortizadores contra las propiedades eclesiásticas, después de haber consumado la exclaustración de un buen número de órdenes religiosas. La corporación municipal mostraba en los plenos, de años como el de 1855, leal cooperación y adhesión absoluta en defensa del trono constitucional de doña Isabel II y sus instituciones liberales. Hasta pasados ya bastantes años, no sería alterada la fecha de celebración inicialmente designada.
Los Duques de Montpensier, que en la sombra fueron grandes rivales de Isabel II con la intención de destronarla y poder llegar al poder, le dispensaron a la feria un importante apoyo institucional, otorgando premios, montando caseta propia, y conviviendo con todo el mundo. Aunque fueron grandes mecenas de la catedral e Iglesia hispalense, no dudaron en recorrer andando toda la feria, comer buñuelos y probar las frutas. Este fue el modo que eligieron para verificar su promoción social entre la alta sociedad local y los más humildes también. Llegaron a mezclarse tanto con el gentío que, hasta el cronista González de León llegó a tildar tales prácticas de vulgares y poco usuales. Pretendían mostrar que la modalidad de gobierno monárquico sugerida por ellos resultaba mucho más conveniente que la desplegada por la reina, desde la capital española. Hemos documentado que los duques de Montpensier pisaron el real la primera vez en 1849, una vez que decidieron alojarse en Sevilla. Aquí instalaron su propia corte en el palacio de San Telmo, cuyos jardines abrieron al público, en la feria de 1854, para satisfacer la curiosidad del público y la de todos los forasteros y extranjeros que ya acudían a la feria.
Consecuciones culturales
En aquel siglo XIX tan calamitoso, pobre y plagado de desgracias, Sevilla logró forjar en pleno Romanticismo una cultura y un folclore único en el mundo gracias a su feria. Terminó por conseguir la integración de ciertos rituales festivos propios del pueblo gitano, hizo convivir a las populares cigarreras con muchas corraleras, de las casas de vecinos, de los barrios más castizos de la ciudad, como los la Macarena y Triana, y definió como uniforme oficial de la fiesta atuendos propios del medio rural. Todos estos frutos del evento sevillano, no lo logaron nunca ferias tan destacadas en aquella centuria decimonónica como las Madrid, Barcelona, Bilbao, y ni tan siquiera las de Londres o París. Una prueba indiscutible de la enorme proyección internacional que ha alcanzado la nuestra, es el hecho de que el traje de flamenca, por ejemplo, se haya hecho famoso en todo el planeta, y que esté considerado en todos los países como el traje típico de la mujer española.
Fuente: http://sevilla.abc.es/sevilla/feria-abril/sevi-primeras-ferias-mediados-siglo-201705042250_noticia.html
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
ABC de Sevilla, Domingo de Ramos, 9 de abril de 2017, págs. 54 y 55.
Qué sería de nuestra Semana Santa sin penitentes, sin música y sólo en horas de sol? Hace dos siglos y medio, el ideal de la Ilustración quiso depurar y reformar las reglas de las cofradías sevillanas y se prodigó en decretos a tal fin. Más que llegar a una purificación de la vida cristiana, los ilustrados persiguieron acabar con otras cuestiones que hoy no se tienen muy claras. Eso sí, con el tiempo se ha demostrado que muchas de las correcciones que el Despotismo Ilustrado quiso aplicar fueron enmiendas sobre cuestiones de orden público más que de índole religiosa. Aquellas prohibiciones, tan contrarias a las tradiciones de esta tierra, fracasaron en el caso concreto de las procesiones de Semana Santa. Hoy continúan organizándose, pero en los archivos consta memoria de aquellos convulsos años.
Por ejemplo, el Gran Poder se llevó seis años sin salir por Semana Santa, en la última década del siglo XVIII, a causa de la severa represión aplicada por las autoridades civiles y religiosas del momento, nada transigentes con los abusos y desórdenes que se registraban en materia de cofradías, a juicio del ideal ilustrado. En la Semana Santa de 1791 pretendió salir la Carretería a las seis de la mañana del Viernes Santo, después de veintiocho años sin hacerlo, y, en consecuencia, se ordenó retrasar media hora la del Gran Poder. Esta solución no fue del agrado de los cofrades, por lo que, como no hubo acuerdo, el Teniente de Asistente don José de Avalos, principal autoridad civil de Sevilla, mandó cerrar su capilla de la parroquia de San Lorenzo a la hora de la salida y comunicó a los oficiales de la junta de gobierno que se retirasen a sus casas.
Los desfiles procesionales de ambas cofradías quedaron suspendidos varios años de modo que el Consejo de Castilla llegó a considerar que habían llegado a extinguirse. Pero en la Semana Santa de 1797 consiguieron llegar a una concordia, adquiriendo el compromiso de que, en años sucesivos, saliese una delante de la otra. Por ello, aquel Viernes Santo salieron las dos a la misma hora y se unieron, como si fueran una sola, en la Punta del Diamante. Los nazarenos entraron mezclados en la Catedral. Pasó primero el paso del Gran Poder, luego el de las Tres Necesidades y, finalmente, la dolorosa del Traspaso.
La hermandad del Silencio obtuvo la aprobación de sus reglas en 1783, cuyo articulado contempla que los nazarenos pudiesen cumplir su estación con el rostro cubierto, en un determinado número de ellos y exclusivamente dentro de la procesión del Viernes Santo. Solo un mes más tarde, el rey Carlos III mandó iniciar la elaboración del Expediente general de Hermandades, entre cuyas reformas se preceptúa que los nazarenos no acompañen los pasos con la cara tapada. Por esta razón, cuando la del Gran Poder incorporó nazarenos a su cortejo en 1782, protestó la primitiva cofradía de Jesús Nazareno como gran acreedora del privilegio.
Nazarenos apresados
Precisamente, el Jueves Santo de aquel mismo año fueron apresados cuatro nazarenos de la Estrella que iban desfilando con el rostro descubierto, cuando la cofradía discurría por la calle Castilla. Fueron maniatados por el alguacil eclesiástico y varios auxiliares suyos, con el claro propósito de llevárselos presos a la cárcel del palacio arzobispal. Aquel proceder tan escandaloso encendió los ánimos de los concurrentes y terminó originando un gran tumulto. Numerosos vecinos de Triana decidieron amotinarse. De inmediato, salieron corriendo detrás de los presos, clamando su libertad. A la altura del Arenal, les dieron alcance a los nazarenos apresados e individuos que lo llevaban prendidos, quienes estuvieron a punto de hacer uso de las armas. Entonces, el gentío pudo arrebatar los presos a los miembros de la justicia eclesiástica en las gradas de la Catedral y los nazarenos quedaron en libertad. Toda la gente regresó a Triana, los nazarenos perseguidos se incorporaron a la procesión y continuó la estación penitencial como si tal cosa. Luego, eso sí, la justicia civil apercibió a los empleados que pretendieron encarcelar a los nazarenos.
Con anterioridad a la real resolución sobre extinción y reforma de las cofradías, que no entró en vigor hasta 1786, había decretado ya el Consejo de Castilla una real orden, en 1777, por la que se prohibía la salida de las cofradías de noche, el uso de trompetas e instrumentos musicales en los desfiles, así como la participación de disciplinantes, empalados, espadados, con grillos o cadenas, y otros géneros de penitencia y mortificación pública. Se trata de una de las normativas que mayores correcciones introdujo en la celebración de nuestra Semana Santa. Aquí en Sevilla, la publicó el 23 de marzo de 1777 don Juan Antonio de Santa María, primer Teniente de Asistente. Y menudo revuelo se levantó. Aunque en el texto no se hace referencia expresa al traje de nazareno, compuesto por la túnica y el capirote, luego en la práctica no sucedió así. Hubo cofradías a las que las autoridades no les consintieron que sus nazarenos fueran en la procesión con el rostro cubierto. De hecho, el Gran Poder decidió no contar con ellos en su comitiva durante varios años. Pero, sin embargo, se hicieron distinciones. Cofradías como la del Silencio sí pudo contar con nazarenos que llevasen la cara oculta bajo el capirote.
Protección de las autoridades sevillanas. Arzobispado y ayuntamiento fueron unas voces ciertamente cómplices que ayudaron a ocultar los muchos desmanes que infringían las cofradías. Cuando fueron reclamados los informes desde Madrid, en 1769, sintomáticamente se ausentaron tanto el cardenal, Solís, como el Asistente, Pablo de Olavide. El eclesiástico lo firmó el provisor Aguilar y Cueto, quien no llegó a resaltar ninguna irregularidad importante, mientras que el municipal lo articuló el teniente de Asistente, don Juan Gutiérrez Piñeres, sin que tampoco llegase a recoger nada perjudicial. Constituyeron dos grandes desencadenantes, que incidieron muy negativamente en la puesta en marcha de toda esta reforma legislativa, los graves sucesos de Marchena, en 1765, donde al paso de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús por una de las plazas, se levantó un gran altercado, en el que fallecieron dos cofrades. Así como el caso de Consolación de Utrera, en cuya populosa procesión y romería se registraban grandes desórdenes en la forma de llevar las andas de la Virgen y otros ruidos de variada índole. En ambos pueblos sevillanos se aplicó la ley, con máxima dureza, y llegó a prohibirse la Semana Santa algunos años.
A cara descubierta
Muchos cofrades que no estuvieron de acuerdo con la nueva modalidad impuesta, prefirieron hacer estación como hermanos de luz, vestidos de traje oscuro. La restricción duró poco tiempo, pues de inmediato empezaron a emplearse las túnicas con capirotes, ocultándose la cara, en las hermandades que así lo desearon. De todos modos, una solución que agradó a los cofrades, fue la de optar por levantarse el antifaz al pasar delante del tribunal que controlaba los horarios y al entrar en la Catedral.
En los últimos compases del siglo XVIII, todavía mantenía vigencia la autoaplicación de azotes. Muchas de las cofradías sevillanas llevaban penitentes azotándose con un manojo de rodezuelos. Flagelarse en público era una muestra obsoleta de penitencia religiosa, según las voces más críticas. Un documento del Archivo del Arzobispado, suscrito por el académico de Buenas Letras y gran ilustrado don Tomas de Gusseme en 1770 describe así los efectos negativos de la mortificación: «…Regularmente son estas personas viciosas y que ejecutaban esta penitencia bárbara. Los ocupa una vanidad rústica de tenerse por hombres de valor los que lo hacen con mayor vanidad y fuerza es común entre ellos el vicio de la embriagadez y toman asunto de falta de sangre para entregarse a ella con mayor ejercicio. Solamente no edifican ni dan buen ejemplo sino que escandalizan positivamente, ponen asquerosos los templos y las calles, y atemorizan a los niños».
Todos estos edictos promulgados en 1777 tuvieron que cumplirlos las cofradías que aspirasen a estar erigidas legalmente y hubiesen conseguido la real aprobación de sus estatutos por el Consejo de Castilla. En 1786, la Sagrada Lanzada suprimió a los hermanos flagelantes, nazarenos y a los demandantes que pedían limosnas. Hay ordenanzas, como las de Montserrat, que recogen la anulación como cofradía de sangre, renegando a su pasado y propia idiosincrasia, acorde a la legislación que se había promulgado contra los flagelantes. La reseña es al tenor siguiente: «…desde ahora en adelante, y para siempre jamás, no pueda llamar ni dar ni llame ni de a esta Hermandad la denominación de Cofradía de Sangre o azote que ha tenido».
La Sagrada Lanzada suprimió también de su cortejo procesional las trompetas dolorosas que lo abrían, en consonancia con la circular del cardenal, difundida en 1783, mediante la que les pedía a los vicarios que vigilasen las procesiones, «procurando que se guardase silencio y devoción». La de la Cena también dejó recalcado en sus reglas la suspensión de la disciplina pública.
Al remitir la del Santo Entierro sus reglas a Madrid, en 1795, desde la Audiencia sevillana se le recomendó que se suprimiesen del cortejo a los ángeles, sibilas, armados y demás particularidades inherentes a la recreación del Santo Entierro. La autoridad civil consideraba aquello como «representaciones impropias, ridículas y ajenas de un acto tan serio, que solo servían para distraer la atención de los fieles en unos días santos, dando margen a alborotos y asonadas». Todos estos elementos paralitúrgicos fueron desterrados igualmente por la del Cristo de la Exaltación y Nuestra Señora de las Lágrimas al recibir la conformidad de sus reglas.
Pero una de las reformas más problemáticas consistió en quitar las procesiones que se celebraban por la noche, con el fin de que se recogiesen antes de ponerse el sol. Ello supuso que las de la madrugada tuvieran que salir al amanecer del Viernes Santo, a partir del año 1777. Pero también tuvieron que modificar sus horarios, e incluso hasta el día de salida, las que lo hacían por la tarde y alargaban su recorrido hasta altas horas. Algunos años, la de Vera Cruz salió a las dos o tres de la tarde. No obstante, conforme fue cesando el rigor de las prohibiciones, esta de Vera Cruz pudo comenzar a salir al anochecer del Jueves Santo porque no perjudicaba a ninguna otra y su iglesia estaba muy cerca de la Catedral.
Carrera oficial
Fue en aquellos años finales del siglo XVIII, cuando se hizo necesario constituir un tribunal que controlase los horarios de las cofradías, surgiendo así la idea de ubicar a los tenientes del señor Asistente, junto a los secretarios, alguaciles y miembros de la fuerza armada, agrupados en un mismo espacio. Las hermandades tenían la obligación de estar en este punto a la hora que se les señalaba, bajo multa y prohibición de no continuar la estación en caso de incumplimiento. Al salir de sus templos, las cofradías llevaban la manguilla particular de cada una hasta este juzgado. La manguilla permanecía en el tribunal hasta la llegada de la procesión, para integrarse en la procesión al paso de la hermandad. En otro zaguán distinto, frente a la cárcel real, se ponían los señores de la Audiencia, a cuyo tribunal se le denominaba con el nombre de la Saleta. Allí se colocaban los alcaldes del crimen y comprobaban si las cofradías cumplían con las reales órdenes referentes a sus salidas.
Reglas en Madrid
La mayor reforma que afrontaron nuestras hermandades fue la de tener que elaborar unas reglas nuevas. Por el decreto de extinción de 25 de junio de 1783 estaban obligadas a desaparecer las cofradías gremiales, de las que en nuestra ciudad había una buena representación. Así volvió a decretarlo también el propio Carlos III el 25 de julio de 1785. Fue entonces cuando se concretó que solo subsistirían aquellas cofradías que, además de la aprobación eclesiástica del arzobispado, recibiesen conjuntamente el beneplácito del Consejo de Castilla. Las hermandades de Ánimas Benditas y las sacramentales se mantendrían, aunque estaban obligadas igualmente a formar nuevos estatutos. Desde entonces, las hermandades quedaron sujetas a la jurisdicción civil ordinaria. Sírvanos el ejemplo de la Macarena, cuya hermandad tuvo que fusionarse con la del Rosario para poder recibir la aprobación de su reglamento el 31 de enero de 1793.
En el Archivo Histórico Nacional de Madrid se conservan casi todos los expedientes de aprobaciones de los estatutos y ordenanzas que tramitó cada cofradía sevillana ante el real órgano para sobrevivir. En muchos de los casos, figuran hasta las reglas fundacionales de los siglos XVI y XVII, después de que hubieran sido enviadas para demostrar la antigüedad que atesoraban. Hubo pueblos, como el de Utrera, en el que la Audiencia de Sevilla, a través de su Ayuntamiento, confiscó las reglas de todas las hermandades existentes. Uno de los grandes tesoros de nuestro patrimonio documental hispalense está depositado en la capital de España sin que hasta ahora se haya promovido reclamación suficiente para traer de vuelta estas auténticas cartas de naturaleza de una de nuestras principales señas de identidad colectivas.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR
