De cómo la ciudad siguió dirigiendo el comercio de Indias
Hoy hace 300 años que el rey Felipe V ordenó, mediante el real decreto de 12 de mayo de 1717, el traslado de la Casa de la Contratación y el Consulado de Comercio desde Sevilla a Cádiz, después de que hubiesen permanecido en el propio Alcázar y Casa de Lonja –hoy sede del Archivo de Indias–, durante varios siglos. Queremos aprovechar la oportunidad de esta efeméride, desgraciadamente conmemorada en Cádiz por algunos entes como el tricentenario de la victoria sobre una ciudad rival, para aclarar cómo la mudanza de la Casa de la Contratación y el Consulado, no se correspondió con una transferencia completa del control comercial de Sevilla, ni la pérdida absoluta de la posición privilegiada que ocupaba en la estructura general del comercio occidental y todo el tráfico mundial.
Después de la conquista de Gibraltar por la misma flota de soldados ingleses que atacó Cádiz en 1702, el gobierno estaba obligado a resguardar la bahía por la vulnerabilidad que representaba dejarla desprotegida para el conjunto de nuestro país. Con este propósito estatal de convertirla en un auténtico centro militar, al monarca español no le quedaba más remedio que reunir todo el cuerpo de la Armada en un solo mando con base en Cádiz, bajo la autoridad de un intendente general de marina. A esta razón de carácter estratégico hay que sumar la idoneidad que reunía, como puerto de salida y llegada de embarcaciones de gran tonelaje, tras haber ejercido como antepuerto de Sevilla desde décadas antes. Fue preciso, por tanto, establecer allí las oficinas de la Casa de la Contratación y el Consulado de los comerciantes. Una medida que interrumpió el régimen de monopolio que Sevilla había conservado tanto tiempo en los negocios coloniales de la Carrera de Indias, y que le sirvió a Cádiz para terminar de arrebatarle la cabecera en los asuntos de ultramar.
Sin embargo, el cambio de la sede del Consulado no supuso para Sevilla una pérdida completa, pues la corona continuó tolerando el sistema de elección de los oficiales que habían de dirigir el organismo. Además, el decreto de 1717 mantenía a Sevilla como lugar de celebración de las elecciones de los cónsules del Consulado, pese a los intentos gaditanos por hacerse con la organización de ellas. De los treinta electores, veinte correspondían a Sevilla y tan solo diez, a Cádiz. Los cargos presidenciales que habían de elegirse, denominados prior y primer cónsul, tenían forzosamente que ser sevillanos. El segundo, gaditano. Sobre esta importante ventaja sevillana de control institucional se ocupó doña Antonia Heredia Herrera, en su brillante trabajo de investigación Sevilla y los hombres de comercio.
Por tanto, el aparato administrativo permaneció en Cádiz, sí, pero el control comercial no lo dejó escapar Sevilla, aunque la flota arribase y partiese de allí. Ya ocurría así desde los años finales del siglo XVI, cuando las embarcaciones de gran porte no salían de la Torre del Oro, cargadas. En nuestro libro Una nao de oro para Consolación de Utrera, Salvador Hernández, y este que suscribe, documentamos cómo se cumplimentaba el trámite administrativo aquí, en la Casa de la Contratación, y las naves partían de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María o Cádiz. La tripulación, con los expedicionarios y el cargamento viajaba por una ruta terrestre, alternativa al río, similar a la que recorrían los soldados por la vereda de la Armada. La principal conclusión del profesor de la universidad de Texas, Allan James Kuethe, es que «el gremio mercantil había quedado en manos sevillanas», según el estudio que realizó sobre la traslación del Consulado, publicado por la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, en el que se propone aportar nuevas perspectivas relacionadas con este asunto de las relaciones entre Sevilla y Cádiz, y de cuyo tema ya vaticinó el sabio historiador francés Pierre Chaunu, ser el más complicado del entramado de la Carrera de Indias.
Protesta de Sevilla
Los comerciantes sevillanos atribuyeron la marcha del Consulado a causas relacionadas con el soborno corrupto de algunos comerciantes establecidos en Cádiz. En aquel momento, el máximo representante del Consulado era un sevillano, el Marqués de Tous, terrateniente cosechero de vinos y aceite, así como Alguacil mayor del consistorio hispalense, que luchó por volver a traerse la sede de ambas entidades junto a la Giralda. El ayuntamiento de Sevilla ejerció una gran influencia y presentó al gobierno estudios técnicos sobre la navegabilidad del Guadalquivir, como las prácticas verificadas por el almirante López Pintado que fue enviado a Madrid en 1720. Finalmente, todas estas reclamaciones produjeron resultados. Entre los meses de octubre y diciembre del año 1722, se celebraron unas juntas en la casa madrileña del ministro Mirabal, natural de Jerez de la Frontera, que miraba con simpatías la causa sevillana, con el objeto de reconsiderar los errores del traslado a Cádiz.
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El 21 de septiembre de 1725, se publicaba un real decreto que establecía el retorno del Consulado y la Casa de la Contratación a Sevilla, suprimía la Aduana de Cádiz y restituía a nuestra ciudad la Tabla de Indias. En una conferencia pronunciada, en Madrid, por Vicente Romero sobre toda esta polémica expresó que «el edificio de la Aduana de Cádiz era arrendado, y muy pequeño, sin que tuviese posibilidad de almacenar ni recoger géneros», lo que suponía a ojos de los sevillanos un gran fraude a Hacienda. En Sevilla se celebró la noticia con regocijo y, durante tres noches seguidas, se encendieron luminarias en la Casa de Lonja, sufragada con los caudales del propio Consulado. El gasto se dispuso desde Sevilla y el dinero tuvo que enviarse vía Cádiz. En el Archivo General de Indias, hemos comprobado mediante los Libros de Consulados, cómo los acuerdos adoptados por la mayoría de los diputados de Sevilla tenían luego que cumplirse en el litoral. Pero la vuelta a Sevilla del Consulado y la Casa la suspendió el gobierno y no llegó a materializarse. Durante la espera, Cádiz respondió a los dictámenes con un memorial elaborado por Francisco Manuel de Herrera, continuando el debate entre ambas ciudades hasta bien adentrado 1726, año en el que volvieron a establecer las dos un nuevo compromiso. Era tanta la fuerza de Sevilla que, a partir de 1729, consiguió que se prohibiese la participación en las transacciones, de comerciantes extranjeros y hasta de sus hijos, como bien explican los profesores Antonio García-Baquero y nuestro admirado Antonio Miguel Bernal.
El conflicto se prolongó durante un cuarto de siglo, y ello ha de atribuirse, en palabras del historiador Luis Navarro, «a la enorme presión que el Consulado y Ayuntamiento sevillanos eran capaces de ejercer sobre los poderes centrales de la Monarquía». Con este análisis, queremos desmitificar el escaso poder de control y reducido mercado que algunos estudiosos le adjudican a aquella Sevilla, de la primera mitad del siglo XVIII, cuya competencia comercial con Cádiz perduró encendida hasta después del año 1744. Solo basta admirar edificios imponentes construidos entonces, como el de la fábrica de tabacos, de la que curiosamente dependía su homónima gaditana, para entender que, tras 1717, no se desintegró tan pronto Sevilla.
ABC de Sevilla, Viernes 12 de mayo de 2017, pág. 26.
JULIO MAYO ES HISTORIADOR