El Archivo Histórico Provincial de Sevilla ha puesto a disposición de los estudiosos sus fondos de la Escribanía de Guerra, unos tribunales que entendían de todas las causas penales y civiles en las que estuviese implicado un militar. Esta jurisdicción especial se implantó a comienzos del siglo XVIII y fue  suprimida en 1875. La consulta de los fondos desvela interesantes aspectos sobre los negocios que se celebraban en Sevilla en los siglos XVIII y XIX, la muerte de soldados en Ultramar o las epidemias que sufrió la ciudad.

Al igual que la Escribanía de Marina, estos 400 legajos permanecieron en el Archivo de Protocolos de Sevilla sin realizar ninguna actuación sobre ellos hasta que llegaron al Archivo Histórico Provincial en julio de 1990.

Alfareros, circos ecuestres y otros oficios

Lo primero que sorprende son los oficios que existían en Sevilla: De 1759 data un pleito en el que el “capataz de las bestias que sirven en las obras de la nueva fábrica de tabacos” reclama a Fernando Gutiérrez, soldado agregado al cuerpo de inválidos y encargado de la “guardería de los borricos”, por el valor de dos animales que faltaron.

Amparo Alonso trabaja sobre un antiguo legajo en su despacho

La Escribanía de Guerra conserva un legajo de 1738 en el que Pablo Guerrero, capitán del regimiento de infantería de León y comisionado para la compra de género para uniformes, demanda a un tal Felipe de la Barrera, vecino de Sevilla, por “incumplimiento de un contrato para fabricar galones de plata para 80 chupas y sombreros”. Y de 1859 data una reclamación de un sastre vecino de Sevilla contra Angelo Baldini, actor de la compañía del Circo Ecuestre, para el cobro de una deuda.

Tal vez consecuencia de la Guerra de la Independencia sea la demanda en 1814 de un sargento retirado llamado Francisco Puyol “para que se le reconozca como dueño de la fonda de su padre y se expulse de la misma al cocinero francés André Colinet”.

Ya entonces los alfareros debían ser un sector potente: En 1827 Juan Espinosa, “fabricante de loza en el barrio de Triana”, pleiteó contra un cirujano del ejército para cobrar varias partidas de loza y en 1855 se abrió el concurso de acreedores de José Camilo de Angelo, propietario de una “fábrica de azulejos y losetas” en la calle Alfarería.

Jorge Cisneros, dueño de una fábrica de loza en la calle Tintes, entabló un pleito en 1814 contra un farmacéutico del hospital militar que le había dejado a deber “200 botes blancos para su botica”.

En 1777 se registró la demanda de dos súbditos franceses contra Diego de San Román, vecino de Sevilla, por la disolución y liquidación de cuentas de la empresa que entre los tres habían formado para fabricar cola, y fue en 1794 cuando Enrique Francisco de Araujo, administrador de la fábrica de suelas denominada Los Portugueses, reclamó contra un sargento que le debía 32 cueros curtidos.

El presbítero administrador de la casa hospicio de los Niños Toribios reclamó en 1823 al teniente Manuel Rosendo los réditos de un reñidero de gallos y de 1818 data la demanda de María Reales contra un “sargento retirado y maestro cerrajero con fragua en la calle Feria” para el cobro de una obra que le hizo su difunto marido.

Resulta curiosa la cantidad de reclamaciones del mundo del espectáculo: en 1850 Santiago Morera y Antonio Aguilar exigieron la “devolución de algunas prendas y objetos de ópera que arrendaron para su uso en el teatro de Córdoba”, en 1852 el esposo de Rachele de Bernardi, primadonna contralto del teatro San Fernando, reclamó a la empresa lírica el sueldo que le debía y en 1864 Luis Monnier, Carlos Ladof, Eugenio Perrin y otros artistas circenses pleitearon para el pago de unos reales pendientes.

Inquilinos peligrosos

El incivismo no parece exclusivo de nuestros días: ya en 1834 María del Carmen Linares, vecina de Sevilla, denunció al inquilino de una casa de su propiedad, que para más señas era maestro herrador del cuerpo de artillería, para que “quite la fragua que tiene en su habitación y la caballería de la puerta, por el riesgo que supone para todo el vecindario”.

En el año 1730, Juan Solano, maestro fundidor de la Real Fundición de Artillería, se querelló contra un vecino para que “no le inquiete en el goce y posesión de una haza de tierra en la Vega de Triana”.

En 1833 se abrieron unas diligencias a instancias de Josefa de la Cruz Rivero contra Antonio María Tellechea, vice cónsul francés, para que el diplomático “saque las gallinas del huerto” de la señora.

De 1818 data el litigio de José de Cubas, propietario de una casa en la calle Ancha de San Martín, para que un  sargento de la compañía de inválidos “deje libres las habitaciones de dicha casa”.

La compraventa de esclavos y los fallecidos en Ultramar

La esclavitud se abolió en España en 1880 y hasta entonces los esclavos estuvieron conceptuados como mercancía. La Escribanía de Guerra conserva una demanda de 1729 de Josefa Bazán, esposa de “Pedro Balbuena, ausente en Indias”, contra Francisco de Garay “para que le devuelva una esclava que le pertenece”.

En 1818 fue un ciudadano de Marruecos quien demandó a un compatriota para que le pagase 2.000 reales que le prestó o “a cambio le deje vender su esclavo negro”.

En el capítulo de herencias y testamentos, existen muchos procedimientos por militares fallecidos abintestato en Filipinas, en América, en Puerto Rico o durante el trayecto hacia puertos españoles en fragatas como la Hispano Filipina, Colón, Santa Justa Católica, Isabel II, Bella Gallega o Ninfa.

Un procedimiento de 1816 intentaba aclarar la herencia de un teniente coronel llamado Francisco Machado, “muerto en combate contra los corsarios” en la fragata mercante Juan Bautista.

Existen legajos realmente exóticos como el inventario de bienes (1756) de “Vicente Carballo, gobernador de las provincias de Metepec y Sinacantepec”.

Hijos naturales, matrimoniales y adulterinos

Se conservan muchos expedientes para el reconocimiento de hijos, cumplimiento de promesas de matrimonio y para el pago de dotes, alimentos y “legítimas”: En 1833 María de la Salud Ruiz, vecina de Sevilla, demandó a un sargento del regimiento de Saboya para que reconociese a su hija y en 1842 José y Josefa Filet pidieron ser reconocidos como hijos de un sargento de infantería de Hivernia (Irlanda) muerto en campaña.

En 1841 fue Prudencia Martínez quien demandó a Juan Gómez Verdugo, obrero de artillería, para “el reconocimiento de sus hijos naturales y otros matrimoniales”.

También hubo reclamaciones en sentido contrario: en 1858 Juan Eloy de Góngora, comandante de infantería, la presentó contra su esposa Rosalía Rodríguez para que “se declaren adulterinos ciertos hijos de esta y que se les borre el apellido de Góngora”.

Manuela Bernad,  abadesa del convento de Nuestra Señora del Socorro de Sevilla, reclamó en 1835 a su hermano,  el brigadier Ramón Bernad, una pensión de alimentos.

La Escribanía de Guerra conserva una petición de 1826 de José Antonio Forte para que su mujer María del Carmen Fernández sea ingresada en la Casa de los Inocentes de Sevilla “por estar demente”.

Resulta ilustrativo como se designaba a las mujeres: en 1715 María de Mendoza, “de estado doncella”, reclamó la posesión de unos pinares en la villa de Hinojos y en 1784 Bernarda De Pro, “religiosa profesa de velo negro de Nuestra Señora de la Candelaria”, y María Dolores Rosalía, “de estado honesto”, actuaron contra la testamentaria de Angel de Murga para el cobro de una cantidad.

No faltaba la preocupación por el maltrato infantil: en 1818 Pedro Benito Fernández, tutor de un menor llamado Francisco Valladares, denunció a un sargento primero de milicias “por los malos tratos infligidos al menor, manipulación de bienes y castigarlo ingresándolo en la Casa de los Toribio, el hospicio para niños de la calle.

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