LA BENEFICENCIA EN SEVILLA. DE LA CARIDAD A LA ASISTENCIA SOCIAL

0726A lo largo de los siglos el servicio benéfico fue dominio casi exclusivo de la Iglesia, es por ello que muchas congregaciones religiosas deben su nacimiento a obras de misericordia de variado signo. También fue relevante la labor social ejercida por las cofradías y hermandades desde la Edad Media. Así mismo, las fundaciones benéficas de iniciativa privada, erigidas por disposición testamentaria, fueron fruto de la mentalidad imperante hasta bien entrado el siglo XX, que concebía la caridad, además de como una obligación evangélica y un medio de salvación del alma, como un instrumento de prestigio y reconocimiento de la figura del fundador.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se lleva a cabo un proceso, que partiendo de la iniciativa particular, lleva a que las responsabilidades asistenciales se transfieran a los poderes públicos. Este objetivo no se alcanzó con facilidad, debido principalmente a los continuos cambios políticos. Tras la Constitución de 1812, recae en Diputaciones y Ayuntamientos el cuidado de los establecimientos benéficos. En el sexenio absolutista (1814-1820) se paraliza, aunque se pone de nuevo en marcha y con más vigor en el trienio liberal (1820-1823), sobre todo a partir de la promulgación de la Ley de Beneficencia de 1822, que prácticamente sancionaba la desaparición de las instituciones de beneficencia privada.

A lo largo del reinado isabelino se consuma la sustitución del sistema de caridad religiosa y particular, sinónimo del Antiguo Régimen, por la beneficencia concebida como un servicio público atributo del Estado. En 1834 todos los establecimientos de beneficencia quedarían bajo la protección de los Subdelegados de Fomento (posteriormente Jefes Políticos, Gobernadores Civiles).

El inicio efectivo de la organización de Beneficencia se efectúa a partir de la Ley de 20 de junio de 1849 que crea las Juntas Provinciales de Beneficencia para el control e inspección de los establecimientos de beneficencia y de sus amplios bienes y recursos. Fueron reguladas por el Reglamento de 14 de mayo de 1852 que recogía importantes medidas, a destacar: que todos los establecimientos de beneficencia alcanzarían la consideración de públicos, salvo aquellos particulares que cumpliesen con determinados requisitos, y que la dirección de toda la Beneficencia en España quedaba en manos del Gobierno a través de una Junta General en Madrid y de las Juntas Provinciales en cada capital de provincia bajo la presidencia del Gobernador Civil.

Las funciones de estas Juntas Provinciales eran variadas pero principalmente velaban por el buen funcionamiento de las cuentas de las fundaciones y que se cumplieran con los fines para los que habían sido creado los centros de beneficencia, teniendo para ello capacidad de inspección. Sufrieron diversos avatares a lo largo del tiempo, con desapariciones y reapariciones. En 1868, las Juntas de Beneficencia fueron disueltas pasando a depender de las Diputaciones y Ayuntamientos. Sin embargo, en 1875, con la Restauración, vuelven a implantarse, bajo el control del Gobernador Civil, comenzando un periodo de mayor estabilidad.

En 1937 se les encarga la gestión del Fondo de Protección Benéfico Social, creado en 1936, y cuya finalidad era atender los problemas sociales derivados de la Guerra Civil. Este Fondo se nutría de diferentes recursos: recaudación del día del plato único, ingresos logrados por rifas, sellos, o donativos públicos o privados.

Posteriormente, las Juntas asumen las tareas administrativas del Fondo Nacional de Acción Social, creado en 1960, destinado a atender a ancianos, enfermos e inválidos y a ayudar al sostenimiento de la beneficencia general y particular. Su objetivo era mejorar las condiciones de vida de la población española por medio de dotaciones para residencias de menores y ancianos, guarderías infantiles, etc.

A partir de 1968 comienza el declive de la organización y relativa autonomía de las Juntas Provinciales de Beneficencia que son transformadas en Juntas Provinciales de Asistencia Social. Durante la Transición se producirá el trasvase de competencias en materia de asistencia social pasando a integrarse, desde octubre de 1978, en la Delegación Territorial, luego Provincial, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que será la que asuma las funciones respecto de las fundaciones benéficas particulares. En 1979 se suprimen las Juntas Provinciales de Asistencia Social y finalmente, en 1995 las competencias en esta materia pasan a manos del Ministerio de Asuntos Sociales, que, sin embargo, ejercía sus funciones en la provincia a través de la Delegación Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Los fondos relacionados con la Beneficencia constituyen una importante fuente para el estudio de la acción asistencial sobre las clases más desfavorecidas desde la actividad privada y las instituciones públicas. Actualmente se ha organizado y descrito una parte de estos fondos documentales comprendiendo el grueso de la documentación a la Junta Provincial de Beneficencia. Las series más significativas son los Libros de actas de las sesiones de la Junta y los Libros de registro. Cabe destacar la serie de Expedientes de investigación que recogen los antecedentes conocidos de cada patronato o fundación, en algunos casos se remontan al siglo XV, y que incluyen escrituras de creación, testamentos de fundadores, relaciones de bienes, etc.

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