0893Considera que es un «elemento extraño» que menoscaba el valor del espacio e incoa expediente sancionador

Diario de Sevilla. Juan Parejo , Utrera | 29.01.2016.

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La polémica instalación en el Santuario de la Virgen de Consolación.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha ordenado el desmontaje del quiosco instalado en el atrio de entrada del Santuario de Consolación para que el espacio vuelva a su configuración original. La comisión se ha pronunciado así tras la denuncia presentada en noviembre por el historiador Julio Mayo y tras analizar la documentación presentada por el Arzobispado y el Ayuntamiento.

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La Comisión adoptó esta decisión en la sesión mantenida el pasado miércoles. Los técnicos estuvieron durante el fin de semana en el recinto, que es BIC y cuenta con la máxima protección, realizando fotografías y analizando el objeto de la denuncia. En su argumentación, hace mención al precepto recogido en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 33 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz: “Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter del inmueble o perturbe su contemplación”. La Comisión no entra a valorar el carácter “temporal” de la instalación, destinada a atender a los peregrinos durante el Año Jubilar de la Misericordia y que, posteriormente, serviría de espacio de trabajo para los empleados mientras duren las obras de restauración del retablo.

Patrimonio también entiende que el quiosco no supone ninguna mejora en la percepción del gran atrio monumental del Santuario, sino más bien al contrario: “Lo ilegalmente instalado es un elemento extraño que menoscaba la propia importancia y valoración del espacio original, al tiempo que puede alterar la función propia para la que fue establecido”. Sí coinciden los técnicos al afirmar que la actuación es reversible y que no ha supuesto la destrucción de ninguno de los elementos constructivos existentes previamente. Con todo ello entienden, “que no debe legalizarse y que lo procedente es ordenar su desinstalación o desmontaje”. Además se incoará el correspondiente expediente sancionador como dicta la ley.

Julio Mayo valoró el acuerdo: “Me doy por satisfecho con la retirada. Es un edificio protegido y mi propósito es defender lo que marca la ley. En ningún momento he reparado en que podía conllevar una sanción económica, algo que no me satisface”.

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